La reconfiguración del control: Narrativas de mujeres sobre la transición de la violencia privada a la pública en Mérida, Venezuela

Introducción

La violencia basada en género (VBG) representa una violación sistemática de los derechos humanos que persiste como problema estructural a nivel global, manifestándose a través de múltiples formas -física, psicológica, económica y simbólica (ONU Mujeres, 2022). En América Latina, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2023) mientras que, en Venezuela, la crisis multidimensional ha exacerbado las condiciones de vulnerabilidad para las mujeres (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2023).

En este escenario, surge la necesidad de formular la siguiente pregunta: ¿Cómo narran las mujeres adultas del municipio Libertador en el estado Mérida y sus parroquias aledañas sus experiencias y percepciones sobre la VBG, y qué factores psicosociales influyen en estas narrativas? Esta investigación partió de la comprensión de que las narrativas individuales no solo expresan vivencias personales, sino que también reflejan construcciones culturales, relaciones de poder y marcos simbólicos que configuran el modo en que las mujeres significan y responden a la violencia (García Villanueva et al., 2022).

En tal sentido, diversos estudios han abordado la VBG desde perspectivas legales, epidemiológicas y sociales. Por ejemplo, Uzcátegui y Páez (2024) evidencian la distribución territorial y temporal de la violencia contra la mujer en Mérida, mientras que Muñoz-Pogossian (2023) vincula la crisis humanitaria con el aumento de la vulnerabilidad de las mujeres venezolanas. A nivel teórico, se fundamenta en una perspectiva psicosocial, integrando aportes de la psicología social crítica y el enfoque de género, con apoyo en autoras como Sandra Harding y Mary John, quienes abogan por visibilizar las subjetividades femeninas dentro de contextos estructurales de dominación. A su vez, se retoman conceptos como las representaciones sociales de Moscovici (1984) y la teoría del poder simbólico de Bourdieu (1991), para comprender cómo se internalizan, reproducen o desafían ciertas formas de violencia.

A nivel teórico, el análisis se fundamenta en un marco analítico integrado que articula cinco perspectivas complementarias. En primer lugar, la teoría de la construcción social del género (Butler, 1990) permite comprender la violencia no como un acto aislado, sino como producto de desigualdades estructurales. Estas desigualdades se sostienen mediante relaciones de poder asimétricas (Foucault, 1990), las cuales se ejercen e internalizan a través de la violencia simbólica (Bourdieu, 1991), un mecanismo que sutilmente normaliza la dominación sin necesidad de coerción física. Simultáneamente, las representaciones sociales (Moscovici, 1984) explican cómo la comunidad, mediante discursos compartidos, legitima o silencia estos abusos, consolidando el control sobre la víctima. Finalmente, la interseccionalidad (Crenshaw, 1989) atraviesa estos cuatro elementos, evidenciando cómo la convergencia de la pobreza, el aislamiento y el contexto de crisis humanitaria agravan de manera exponencial la vulnerabilidad, configurando escenarios de riesgo diferencial.

El estudio se planteó de forma inicial ante la persistencia y complejidad de la VBG como un fenómeno social y estructural que afecta profundamente a las mujeres en Venezuela, y en particular en el municipio Libertador del estado Mérida. Las condiciones sociales, económicas y políticas que atraviesa el país han agudizado las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, exponiéndolas a formas diversas de violencia -física, psicológica, económica y simbólica- en múltiples entornos, como la familia, la comunidad y las instituciones (Muñoz-Pogossian, 2023).

La investigación se justificó desde la necesidad de visibilizar las narrativase mujeres adultas que han vivido o presenciado VBG, explorando desde una perspectiva psicosocial los significados subjetivos, emociones, percepciones y patrones discursivos que configuran su experiencia. Este enfoque permitió comprender con mayor profundidad no solo los factores individuales y relacionales implicados, sino también los contextos socioculturales y comunitarios que favorecen la reproducción o resistencia ante estas formas de violencia (García Villanueva et al., 2022).

Vale destacar que, diversos estudios han abordado la problemática de la VBG desde distintas perspectivas, resaltando tanto su complejidad estructural como sus implicaciones subjetivas y socioculturales. Estos antecedentes ofrecen un marco de referencia para comprender la magnitud del fenómeno en contextos latinoamericanos y, específicamente, en el estado Mérida.

Particularmente, en el estudio de Uzcátegui Guerrero y Páez Silva (2024) se analizó el comportamiento temporal y espacial de la violencia contra la mujer en el estado Mérida. A partir de datos georreferenciados, los autores evidenciaron una concentración de casos en zonas urbanas del municipio Libertador, donde la presencia institucional es limitada y las respuestas de protección son insuficientes. Este trabajo destacó la necesidad de estudios que profundicen en la experiencia vivida de las mujeres, más allá de los datos cuantitativos, considerando los contextos socioterritoriales donde ocurre la violencia.

Por su parte, Muñoz-Pogossian (2023) examinó cómo la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela ha intensificado las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, aumentando su exposición a distintas formas de violencia, incluyendo la sexual, doméstica y económica. Este expuso que la precarización de los servicios públicos, la escasez de recursos y la migración forzada contribuyen a la desprotección de las víctimas, mientras que las respuestas institucionales son limitadas o inexistentes. Esto subraya la urgencia de comprender cómo las mujeres procesan y enfrentan estas formas de violencia desde su vivencia cotidiana.

En un enfoque más centrado en lo discursivo, García Villanueva et al. (2022) exploraron las narrativas de mujeres víctimas de violencia en distintos contextos latinoamericanos. A través de entrevistas en profundidad, identificaron patrones comunes en los relatos de las participantes, como el silenciamiento, la culpabilización social, la resignación y, en algunos casos, la transformación personal. El estudio evidenció cómo los relatos no solo reflejan el sufrimiento vivido, sino también las construcciones culturales sobre el género, el poder y la resistencia.

A nivel regional, Namay-Anticona et al. (2025), plantearon que, aunque existen avances normativos, como leyes y protocolos de protección, persisten brechas importantes entre lo legislado y lo aplicado, especialmente en contextos empobrecidos o marcados por el machismo estructural. Así, señalan que una parte fundamental del problema radica en los estereotipos de género aún presentes en el sistema judicial y en la cultura institucional.

Por otra parte, el basamento de este estudio principalmente es la teoría de género, que proporciona un marco interpretativo fundamental para comprender cómo las relaciones sociales, los roles y las expectativas asignadas culturalmente a mujeres y hombres influyen en la perpetuación de la violencia. Esta perspectiva sostiene que el género no es una condición biológica, sino una construcción social que organiza jerárquicamente las relaciones entre los sexos, generando desigualdades estructurales (García Villanueva et al., 2022). Entonces, la VBG se entiende así, como una manifestación del poder masculino ejercido históricamente sobre las mujeres, naturalizado en muchas culturas.

Asimismo, la teoría de las representaciones sociales se ha concebido como otra base, considerando que, se refiere al conjunto de conocimientos, creencias y significados compartidos por un grupo social que orientan la conducta y la interpretación del mundo. En el caso de la violencia de género, las representaciones sociales influyen en cómo las mujeres la perciben, la nombran o la silencian. Muchas veces, estas representaciones están marcadas por la normalización del abuso, la culpabilización de la víctima o la resignación, lo cual dificulta el reconocimiento y la denuncia (García Villanueva et al., 2022).

Por otra parte, Bourdieu (1991) introduce el concepto de violencia simbólica para referirse a aquellas formas de dominación sutil, invisibles o naturalizadas, que actúan sobre los cuerpos y las mentes sin necesidad de coerción física. En el contexto de la VBG, esta forma de violencia se expresa a través de estereotipos, discursos normalizadores, roles tradicionales, lenguaje sexista y prácticas institucionales que perpetúan la desigualdad de género. Este tipo de violencia está presente en la cotidianidad y en el tejido social, y muchas veces es interiorizado por las propias víctimas (Namay-Anticona et al., 2025).

Finalmente, la interseccionalidad, planteada por autoras como Crenshaw (1989), sostiene que las formas de opresión no actúan de manera aislada, sino entrelazadas. Es así como el ser mujer, pobre, migrante, indígena o vivir en un contexto de crisis humanitaria puede agravar las condiciones de vulnerabilidad ante la violencia. En razón de los aportes de esta teoría, se puede observar cómo factores como la pobreza, la exclusión institucional o la cultura local han influido en la vivencia y percepción de la violencia (Muñoz-Pogossian, 2023).

A partir de las consideraciones expuestas, el objetivo de esta investigación fue analizar, desde una perspectiva psicosocial, las narrativas de mujeres adultas del municipio Libertador sobre sus experiencias y percepciones relacionadas con la VBG, identificando patrones discursivos, significados subjetivos y contextos socioculturales asociados a estas vivencias. De este modo, el estudio profundiza en las estructuras esenciales de sus relatos y en sus estrategias de afrontamiento, visibilizando cómo la crisis multidimensional, las asimetrías de poder y las dinámicas territoriales configuran tanto la normalización del control como las posibilidades de resistencia frente a la violencia.

Metodología

El enfoque del estudio es cualitativo de corte fenomenológico, orientado a describir y analizar las estructuras esenciales de las experiencias vividas por mujeres adultas del municipio Libertador, Mérida, respecto a la VBG. Al centrarse en la exploración de las vivencias subjetivas, este estudio adopta un marco fenomenológico que busca captar la esencia de los fenómenos reportados, suspendiendo juicios previos y enfatizando la descripción de lo experimentado (Husserl, 1931; Moustakas, 1994). Así, las narrativas de las participantes se abordan desde su intencionalidad, atendiendo a cómo se manifiesta la VBG en su conciencia y percepción, sin inferir significados externos a su relato directo.

Asimismo, el enfoque psicosocial del mismo, permitió comprender la violencia de género como una interacción compleja entre factores individuales, sociales y estructurales. Desde esta visión, las experiencias de violencia no pueden analizarse de forma aislada, sino en relación con los contextos familiares, comunitarios e institucionales en los que las mujeres están inmersas. Esto, considerando la dimensión subjetiva de las víctimas, reconociendo sus voces, narrativas, emociones y estrategias de afrontamiento como elementos fundamentales para el análisis (Muñoz-Pogossian, 2023; Namay-Anticona et al., 2025).

Dado que el fenómeno de estudio no ha sido abarcado previamente en la localidad, la investigación es de alcance exploratorio y de paradigma fenomenológico. Para alcanzar los propósitos establecidos, se recolectaron datos sobre la violencia de género en distintas formas: física, psicológica, económica y simbólica. Todo ello, permitiendo a las participantes narrar sus experiencias de manera libre, mientras se asegura que se cubran los aspectos clave relacionados con el tema de la investigación. En este sentido, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, lo que permitió una interacción flexible entre el investigador y las participantes, favoreciendo la profundidad y autenticidad de las respuestas.

El estudio se llevó a cabo en el municipio Libertador, Mérida, Venezuela, un área urbana y rural que presenta una amplia diversidad socioeconómica y cultural. Este municipio es un punto clave para la investigación debido a la alta prevalencia de violencia de género reportada en diversas investigaciones previas (Muñoz-Pogossian, 2023) y a la interacción de factores culturales, sociales y políticos que configuran un entorno complejo para las mujeres. Asimismo, fue dada en el período marzo-junio de 2025, contextualizándose dentro de la crisis socioeconómica y política actual en Venezuela, que tiene implicaciones directas en la seguridad, bienestar y derechos de las mujeres.

El universo de estudio estuvo compuesto por mujeres adultas residentes del municipio Libertador de Mérida, con edades superiores a los 18 años, que hubiesen experimentado algún tipo de violencia de género (física, psicológica, económica, entre otras) y que estuvieran dispuestas a compartir sus experiencias en el marco del estudio. Para ello, se consideró la diversidad social, cultural y económica que caracteriza a la entidad. Se empleó un muestreo por bola de nieve, por referencias de estas mismas mujeres. El estudio contó con la participación de ocho mujeres adultas residentes en el municipio Libertador del estado Mérida. Los criterios de selección contemplaron: ser mayor de 18 años, haber experimentado de manera directa o presenciado alguna de las formas de violencia de género contempladas en el instrumento, y suscribir el consentimiento informado donde se formalizó la voluntariedad y se garantizó la confidencialidad y el anonimato. La conformación del grupo consideró además la diversidad sociodemográfica de las participantes en aspectos como edad, nivel educativo y tipología de violencia vivenciada.

El método teórico se basó en una revisión y construcción conceptual de la VBG, utilizando teorías psicosociales y de género que fundamentan el análisis de las narrativas, tales como las teorías del poder (Foucault, 1990) y las de la construcción social de género (Butler, 1990). En cuanto a los métodos empíricos, se utilizó el instrumento WHO Violence Against Women Instrument (VAW), que contiene una serie de preguntas semiestructuradas y abiertas que permitieron a las participantes narrar sus experiencias de forma libre y detallada. Este instrumento se ha validado en diversos contextos y fue aplicado sin modificaciones significativas, asegurando su fiabilidad y validez para la recolección de datos sobre violencia de género (World Health Organization, 2013). En este sentido, el instrumento se aplicó transformándose de lo cuantitativo a cualitativo, sin cambios reales en su estructura.

El procesamiento, sistematización y análisis de los datos discursivos se llevó a cabo mediante el software especializado de análisis cualitativo MAXQDA 24. Esta herramienta permitió la transcripción, segmentación en unidades de significado, codificación abierta y axial, así como el modelado visual de las interrelaciones semánticas a través de herramientas integradas como la Matriz de relaciones de códigos y el Modelo de co-ocurrencia de códigos (proximidad de código) en MAXMaps.

Resultados y Hallazgos

La matriz de códigos evidencia la distribución de categorías derivadas del análisis cualitativo mediante el instrumento WHO VAW. Como se observa en la Figura 1, la violencia psicológica constituye la categoría más recurrente (36,7% del total de segmentos codificados), presente en el 100% de las entrevistas (n=8), con mayor incidencia en las Entrevistas 1 (6,1%) y 7 (5,7%). Este hallazgo coincide con García Villanueva et al. (2022), quienes identificaron la normalización de la violencia emocional como base de la VBG, manifestada mediante insultos (“inútil”, “estúpida”), desvalorización sistemática y amenazas continuas. Desde la perspectiva de los estudios de género, esta prevalencia unánime demuestra que la agresión psicológica no es un hecho aislado, sino la tecnología discursiva fundamental para someter la condición femenina, erosionando la autonomía de las mujeres antes de que se ejerza la fuerza física.

Figura 1

Matriz de frecuencia de códigos emergentes por entrevista Mérida, 2025.

Nota. Extraído del software MAXQDA 24.

Para facilitar la interpretación visual de la Matriz de frecuencia de códigos emergentes (Figura 1), se establecieron dos criterios de asignación cromática. En primer lugar, los marcadores circulares dispuestos en la primera columna (Sistema de códigos) corresponden al código de color institucional asignado a cada familia temática: azul para control personal, magenta para indicadores de riesgo, gris claro para respuestas de supervivencia, amarillo para factores contextuales, púrpura para control, cian para violencia sexual, verde para violencia física y rojo para violencia psicológica. En segundo lugar, el sombreado interior de las celdas sigue una escala térmica (heat-map) proporcional a la densidad o porcentaje de codificación en cada informante: los espacios en negro marcan la ausencia de codificación (0,0%), las tonalidades azules intermedias expresan frecuencias moderadas (0,4% a 2,0%), las gradaciones púrpuras y pardas denotan una saturación media-alta (2,5% a 3,3%), mientras que los matices anaranjados y rojos intensos señalan los picos de mayor concentración discursiva por entrevista (hasta 6,1% en violencia psicológica y 7,4% en violencia física).

La violencia física presenta una distribución heterogénea (18,0% del total), con máxima expresión en la Entrevista 8 (7,4%), caracterizada por actos de extrema severidad (golpes con objetos, estrangulamiento). Contrastantemente, se observa ausencia en la Entrevista 5 (contexto rural), respaldando la tesis de Muñoz-Pogossian (2023) sobre la modulación territorial de las manifestaciones violentas durante crisis humanitarias.

El control como categoría transversal muestra presencia en el 87.5% de los casos (n=7), con predominio en entornos urbanos (Entrevistas 1: 4,1%; 4: 1,6%). Estos datos reflejan lo señalado por Bourdieu (citado en Namay-Anticona et al., 2025) respecto a la internalización de jerarquías de género mediante mecanismos como vigilancia constante (“Debo enviar foto cada hora”, Entrevista 1) y restricción de autonomía. En torno a ello, el control opera como el verdadero compromiso de la retórica patriarcal: el cuerpo de la mujer en la urbe se convierte en un territorio panóptico donde el agresor ejerce una soberanía micro-política, suplantando las funciones de orden que el Estado ha dejado de proveer debido a la crisis.

Un hallazgo crítico corresponde al triángulo de alto riesgo observado en la Entrevista 8, con co-ocurrencia simultánea de violencia física (25%), violencia sexual (15%) e indicadores de riesgo (20%). Esta configuración refleja el principio de interseccionalidad (Crenshaw, 1989 citada en Namay-Anticona et al., 2025), donde la confluencia de pobreza, acceso a armas de fuego y aislamiento social potencia escenarios de feminicidio, evidenciando fallas institucionales en la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2021). Este escenario obliga a repensar la interseccionalidad no solo como una suma de opresiones (mujer, pobre, aislada), sino como una vulnerabilidad radical producida por el colapso del sistema. La condición femenina en contextos de vulnerabilidad extrema sufre una desprotección jurídica total, donde las leyes se vuelven retórica vacía frente a un entorno donde las armas sustituyen a la justicia.

Las respuestas de supervivencia (6,6% del total) emergen con mayor fuerza en contextos rurales (Entrevistas 4: 2,5%; 5: 3,3%), manifestándose mediante resistencia verbal estratégica (“Le decía: ‘Hoy no, respéteme'”, Entrevista 4). Este patrón corrobora el papel de las redes comunitarias informales como factores protectores (Uzcátegui y Páez, 2024).

Figura 2

Matriz de Modelo de co-ocurrencia de código, Mérida, 2025.

Nota. Extraído del software MAXQDA 24.

La matriz de co-ocurrencia de códigos (Figura 2) revela patrones estructurales significativos en las experiencias reportadas por las participantes. Como hallazgo principal, se identificó una co-dominancia sistemática entre la violencia psicológica y el control en el 100% de los casos (n=8). En los relatos analizados, la violencia psicológica operó como un mecanismo primario mediante el menosprecio sistemático (“Inútil, ni hacer comida sirves”, Entrevista 1). Desde una interpretación teórica, esto coincide con la conceptualización de violencia simbólica de Bourdieu (1991), evidenciando cómo el dominador logra que sus pautas de control sean internalizadas por la víctima, forzándola a autolimitarse.

Asimismo, las estrategias de control se adaptaron al contexto territorial de las participantes. En las zonas urbanas, las mujeres reportaron dinámicas basadas en la vigilancia digital (“tenía que dejar mi teléfono sin clave y a su alcance siempre”, Entrevista 6). Por su parte, en las áreas rurales, el control se manifestó mediante la invalidación comunitaria de sus saberes (“Decidía qué semillas comprar alegando que las mujeres no entienden de agricultura”, Entrevista 5). Esta disociación territorial sugiere que los agresores instrumentalizan los recursos disponibles en su entorno para mantener la subordinación, validando lo descrito por Uzcátegui y Páez (2024).

Respecto a la violencia física, las narrativas evidencian una estrecha relación entre la precariedad económica y la ocurrencia de las agresiones: ‘Los golpes empezaron cuando protesté por sus gastos innecesarios en vez de comprar comida para el niño’ (Entrevista 8). Interpretativamente, este patrón refleja el principio de transferencia de la frustración documentado por García Villanueva et al. (2022), donde la tensión generada por la crisis socioeconómica se descarga a través de la violencia física hacia las mujeres. Frente a esto, las participantes desarrollaron estrategias concretas de supervivencia: desde el uso de códigos encubiertos en zonas urbanas (‘¿Tienes cilantro?’ = ‘Necesito escape’, Entrevista 4) hasta confrontaciones verbales directas en entornos rurales (‘Cuando decía ‘cállate’, yo le gritaba más fuerte’, Entrevista 5).

La interseccionalidad cristaliza en situaciones de vulnerabilidad crítica, tal como se observó en la Entrevista 7: ‘Ser migrante retornada + mujer + pobre = más insultos. Me decía: Ni en Chile te quisieron’. En las experiencias documentadas, los factores identitarios y socioeconómicos funcionaron como multiplicadores del riesgo. En este sentido, las divergencias encontradas en las entrevistas revelan que, para el grupo de mujeres estudiadas, la VBG en el contexto del municipio Libertador adquiere características específicas: la crisis desdibuja los límites entre la violencia pública y privada, y el acceso a armas (presente en el 62.5% de los incidentes más graves) eleva drásticamente el riesgo de letalidad.

En contraste, se observó una disociación territorial en las estrategias de afrontamiento: mientras en contextos rurales (Entrevista 5) predominan respuestas de supervivencia (18%) mediante redes comunitarias y resistencia verbal (“Le decía: ‘Hoy no, respéteme'”), en ámbitos urbanos se registra mayor incidencia de violencia física (20%) con mínimos en agencia (3%). Esta divergencia corrobora el impacto modulador del tejido social en la mitigación de la violencia (Uzcátegui y Páez, 2024), sugiriendo que la cohesión comunitaria en zonas rurales opera como factor protector ausente en periferias urbanas.

Los resultados de este estudio revelan convergencias y divergencias significativas con el estado del arte sobre VBG en contextos de crisis, las cuales pueden verse sintetizadas en el Cuadro 1. Particularmente, la centralidad de la violencia psicológica (36.7% de prevalencia) corrobora hallazgos regionales (García Villanueva et al., 2022), pero su inusual manifestación pública en Mérida se explica por el colapso institucional venezolano. Este fenómeno traslada las dinámicas violentas del ámbito privado al espacio comunitario, transformando plazas y establecimientos en escenarios de humillación colectiva (Muñoz-Pogossian, 2023). Esta mutación redefine la relación tradicional entre lo público y lo privado: el espacio público deja de ser el lugar de la ciudadanía para convertirse, para las mujeres, en una extensión del teatro de control patriarcal.

Cuadro 1
Contraste entre hallazgos locales y literatura regional.

Nota. Elaboración propia con base en resultados y literatura revisada.

La triada de alto riesgo (violencia física-sexual-indicadores de riesgo) identificada en la Entrevista 8 apoya la teoría interseccional de Crenshaw (1989), coincidiendo con Namay-Anticona et al. (2025) en que la pobreza multiplica las amenazas. No obstante, la posesión de armas por agresores alcanza el 62.5% en casos críticos, fenómeno atribuible al vacío en el control de armas durante la crisis humanitaria (ACNUR, 2023). Esta divergencia expone cómo la emergencia venezolana intensifica factores de riesgo feminicida.

En contraste, se genera una paradoja con la resiliencia rural (18% respuestas de supervivencia). Esta paradoja se vincula a la tradición organizativa campesina que, pese a la crisis, sostiene redes comunitarias ausentes en periferias urbanas. La efectividad de la resistencia verbal (58% en zonas rurales versus 22% en urbes) evidencia cómo la economía agrícola preserva liderazgos femeninos capaces de desafiar jerarquías de género. Este hallazgo es clave para comprender la evolución de la condición femenina y masculina en el entorno rural: la división del trabajo agrícola y el tejido comunitario dotan a la mujer de un capital simbólico que debilita la efectividad de las retóricas de dominación del varón.

La desconexión entre marco legal y realidad (≤5% co-ocurrencia con factores contextuales) confirma lo que Namay-Anticona et al. (2025) denominan eficacia simbólica de las leyes: aunque Venezuela cuenta con normativas avanzadas (Ley Orgánica, 2021; Convención de Belém do Pará, 1994), su implementación fracasa ante la emergencia humanitaria. El debilitamiento de redes familiares por la migración (4 millones de venezolanos emigrados; OIM, 2023) agrava esta brecha, dejando a las mujeres urbanas en situación de máxima vulnerabilidad. Esto delata el verdadero compromiso de la retórica estatal: la promulgación de leyes avanzadas funciona como un simulacro de protección que enmascara el desamparo real de los grupos vulnerables.

Estas divergencias revelan que la VBG en Venezuela trasciende patrones regionales al articular tres dimensiones únicas: (1) Crisis multidimensional que desdibuja fronteras entre violencia pública/privada, (2) Patriarcado armado donde la posesión de armas potencia la letalidad, y (3) Resistencia glocal que adapta estrategias comunitarias a la emergencia nacional. Así, mientras los hallazgos confirman teorías psicosociales fundamentales (Bourdieu, 1991; Crenshaw, 1989), su expresión en Mérida, está modulada por la especificidad de la catástrofe venezolana, exigiendo políticas que integren estándares internacionales con respuestas territorializadas.

Lineamientos estratégicos para el abordaje institucional y la prevención socioterritorial

En respuesta a la desconexión evidenciada entre el marco legal venezolano y la desprotección real de las víctimas, resulta imperativo que la comprensión psicosocial de estos hallazgos se traduzca en acciones institucionales concretas. La reconfiguración de la violencia hacia el espacio público y la existencia de una triada de alto riesgo exigen trascender el modelo meramente punitivo hacia un enfoque preventivo y territorializado. En este sentido, se proponen tres ejes fundamentales para la reformulación de políticas públicas con perspectiva de género:

En primer lugar, urge una reestructuración operativa y el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios adscritos a los circuitos judiciales. La capacidad de respuesta de estas instancias no debe limitarse a la fase procedimental de la denuncia, sino que requiere la aplicación de protocolos estandarizados para la evaluación inmediata del riesgo feminicida. Es perentorio que el accionar de estos equipos se enfoque en desarticular la confluencia de aislamiento, pobreza y acceso a armas de fuego detectada en los casos críticos, garantizando un abordaje continuo que resguarde la integridad de la víctima frente a la inoperancia estructural.

En segundo lugar, considerando que la violencia psicológica opera como el cimiento de la dominación a través de la desvalorización sistemática, la prevención debe anclarse tempranamente en el sistema educativo. A nivel de educación primaria, se requiere la implementación de planes de intervención psicológica centrados en el desarrollo del manejo emocional y la tolerancia a la frustración, desactivando así las matrices cognitivas del control abusivo. Paralelamente, en la educación media, resulta vital la aplicación sistemática de evaluaciones sociométricas y de instrumentos clínicos, como la Escala de Autoestima de Rosenberg, que permitan a los profesionales de la psicología y la orientación mapear de forma precoz dinámicas de exclusión, vulnerabilidad o sumisión en la adolescencia.

Finalmente, el fomento de redes de protección socioterritorial se perfila como una estrategia indispensable de supervivencia. Ante la probada eficacia de la cohesión comunitaria y la tradición organizativa como factores protectores en las zonas rurales, las políticas de intervención deben orientarse a extrapolar esta resiliencia hacia las periferias urbanas. Esto implica la formación de micro-redes de apoyo vecinal y la capacitación de lideresas locales para el establecimiento de códigos de alerta temprana y la provisión de primeros auxilios psicológicos, consolidando un tejido de resguardo comunitario allí donde la presencia protectora del Estado se encuentra ausente o debilitada.

Aproximaciones

El análisis fenomenológico de las narrativas de las mujeres del municipio Libertador permitió comprender las complejas dinámicas de la VBG en un contexto de profunda vulnerabilidad socioeconómica. A partir de los hallazgos empíricos y su contrastación teórica, se concluye que la violencia psicológica constituye el eje estructurante del sometimiento, operando como un mecanismo de violencia simbólica que normaliza la agresión y precede a la violencia física. Asimismo, el estudio evidenció una marcada diferenciación territorial: mientras los entornos rurales facilitan redes de resistencia comunitaria y respuestas de afrontamiento activo, las zonas urbanas presentan dinámicas de mayor aislamiento y vigilancia digital.

Como aporte central de esta investigación, y en respuesta al planteamiento rector del estudio, se constata una reconfiguración del control patriarcal que transita de la esfera privada hacia el espacio público. En las narrativas analizadas, el colapso de los servicios, la dependencia económica y la precarización institucional han provocado que dinámicas de humillación, vigilancia y dominación, tradicionalmente circunscritas al hogar, se trasladen a espacios comunitarios y comerciales. En el contexto de crisis multidimensional, el espacio público deja de ser un territorio de ejercicio ciudadano y se convierte, para las mujeres vulneradas, en una extensión de la violencia doméstica, donde la falta de Estado es sustituida por el control del agresor.

Se reconoce, atendiendo a la naturaleza fenomenológica del diseño cualitativo, que los hallazgos de este estudio están delimitados a las experiencias subjetivas de las ocho participantes entrevistadas en el municipio Libertador. Si bien estos resultados no pretenden generalizarse a la totalidad del territorio venezolano, su valor científico radica en la profundidad interpretativa y en la visibilización de procesos psicosociales que las estadísticas tradicionales suelen invisibilizar.

Finalmente, estas evidencias plantean importantes implicaciones para la formulación de políticas públicas, exigiendo que las intervenciones institucionales trasciendan el enfoque exclusivamente punitivo para adoptar perspectivas psicosociales y territorializadas. Como líneas de investigación futura, se sugiere el desarrollo de estudios de métodos mixtos que permitan triangular estos hallazgos, la exploración comparativa de estas dinámicas en otros municipios de la región andina, y la evaluación de la eficacia de los equipos interdisciplinarios judiciales en la mitigación del riesgo feminicida.

Conflictos de intereses

No existen conflictos de intereses por parte de los autores. El estudio fue autofinanciado.

Declaración sobre el uso de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Los autores declaran que no se utilizaron herramientas de IA para la redacción o revisión de las distintas secciones del trabajo.