Las autoridades pemón ante la minería aurífera en su territorio entre 2011-2022. Resistencia y transformación

Introducción

Según algunos autores, los pemón son un pueblo indígena que pertenecen al tronco lingüístico caribe, y generalmente se considera integrado por tres subgrupos con leves variaciones idiomáticas: kamaracoto o kamaragoto, arekuna y taurepán (González Ñañez, 1980; Perera, Rivas y Scaramelli, 2007). Al contrario, Silva Monterrey (2006) plantea que la denominación pemón aparece en el primer cuarto del siglo XX en la literatura etnográfica. Hasta ese momento, se reconocía a tres grupos diferentes pero emparentados entre sí: Taulipang o Taurepang, Kamarakoto y Arekuna” (p. 84). Ahora, en términos concretos, el nombre de pemón se encuentra asumido a lo interno de este pueblo indígena caribe.

Los pemón tienen su territorio ancestral en el extremo norte de la Amazonía, en su mayoría en el sureste de Venezuela y en las franjas de esa zona fronteriza con Brasil y Guyana. La extensión del territorio ancestral del pueblo pemón es de 85000 kilómetros cuadrados, y en el caso venezolano se encuentra integrado al Estado Bolívar. Los pemón son el cuarto pueblo indígena más grande del país, en el 2011 el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró a 30148 pemón en Venezuela, al contrario en 1976 se planteó que eran más de 9000 (González Ñañez, 1980).

Antes del contacto estructural y permanente con el Estado y la sociedad venezolana, las relaciones económicas y sociales de los pemón se organizaban a partir de las relaciones de parentesco establecidas en y entre las familias como la institución que garantizaba el derecho a usufructo a los bienes comunes naturales y establecía a su interior la división sexual del trabajo. Concretamente, según Silva Monterrey (2006) “el parentesco establece realmente los límites de lo que son los pueblos de la región, se considera idealmente que cada una de las sociedades guayanesas está formada por una gran agrupación de parientes” (p. 37).

En esa época ancestral, los pemón se agrupaban en asentamientos pequeños, provisionales y dispersos, que eran integrados por al menos una o tres familias ampliadas y por ende, tenían una escasa población que no superaba los 100 habitantes (Armellada, 1946). Según Carlos Figueroa (1980) “el indígena nunca ha sido partidario de concentrarse a formar un pueblo, entonces las comunidades se mantenían lejanas formando pequeños grupos de familias” (p. 49). Entonces, existe consenso académico sobre la centralidad del parentesco en la organización social ancestral pemón y la antigua condición de pequeños y dispersos de sus asentamientos.

Así, grupos familiares asentados de manera provisional en un territorio, disponían del derecho a usufructuar de manera exclusiva la tierra ocupada con sus viviendas y conucos; así como los ríos y bosques adyacentes. En 1970, Thomas (2008) observó que “no existen derechos de propiedad permanentes sobre el sitio de una casa o de un asentamiento”, porque “la propiedad de la tierra, no solamente de la tierra cultivada, sino también el solar del asentamiento es, en su totalidad, un asunto de derecho de usufructos” (p. 649). Al parecer, la exclusividad de ese derecho de usufructo, era producto de la enorme extensión de la Gran Sabana y valles selváticos aledaños y la escasa población pemón, que permitía a cada asentamiento familiar tener una posesión provisional de sus propios cotos de caza, cuencas hídricas y lugares de cultivo. A principios del siglo XX, Koch-Grunberg (1979) describió “este gigantesco territorio está muy escasamente poblado” (p. 19).

No obstante, el contacto estructural y permanente de los pemón con el Estado y la sociedad venezolana en el transcurso del siglo XX implicó transformaciones progresivas en sus relaciones sociales organizada alrededor del parentesco y su usufructo y posesión provisional de la tierra, que como veremos se expresan en el actual control de zonas mineras por miembros de pueblos indígenas como los ye’kwana y pemón, que tienen sus territorios ancestrales al sur del río Orinoco, en la Amazonía venezolana (Silva Monterrey, 2018; Vitti, 2021).

En ese sentido, en la actualidad, en la Amazonía venezolana ha ocurrido un proceso de aumento de la escala de las operaciones mineras y extensión del territorio dedicado a la minería aurífera, al menos desde 2008. En términos globales, enmarcado en el incremento del precio internacional de la onza troy de oro, que siempre en promedio y dólares pasó de 409,2 en 2004 a 1669 en 2012 y de 1250,8 en 2016 a 1833,8 en junio de 2022 (World Gold Council,  2022). Paralelamente a dicha expansión de la minería aurífera en esa región, ocurren un conjunto de fenómenos internos como la creación del Arco Minero del Orinoco en 2011 y su ejecución en 2016, la instalación de bandas mineras articuladas de manera orgánica con algunos funcionarios militares y civiles del Estado, y la gestión de minas auríferas por indígenas.

En una investigación anterior, se encontró que entre las autoridades de los pemón, organizadas en su Consejo de Caciques Generales y capitanías comunitarias, existe consenso en la resistencia ante el incremento de la escala de las operaciones mineras y la presencia de empresas y bandas en las minas ubicadas en su territorio ancestral; pero también hay posiciones antagónicas ante la expansión territorial de la minería aurífera, el control pemón de zonas mineras y el cobro de tasas en oro a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) (Vázquez Heredia y Rodríguez Gilly, 2021).

Por ello, parece importante plantear como objetivo de este trabajo estudiar las causas y los efectos en la estratificación social del pueblo pemón; así como las respuestas disímiles de sus autoridades indígenas ante la expansión de la minería en su territorio ancestral. Así, se investigó la relación entre la resistencia de las autoridades pemón al incremento de la escala y la gestión foránea de las zonas mineras en su territorio, y el surgimiento o el cambio de la élite política y económica pemón por su control de estas áreas y el cobro de tasas en oro a la CVM y a propietarios de máquinas mineras. Dicha investigación fue realizada en el laboratorio del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS), denominado Confrontando las desigualdades en América Latina: perspectivas sobre riqueza y poder.

Metodología

Para realizar este estudio, se desarrolló una investigación cualitativa que ha tenido como técnicas de recolección: un arqueo bibliográfico, documental y periodístico sobre los pemón y un trabajo de campo efectuado en enero de 2022 en las zonas mineras del centro del Estado Bolívar y en comunidades pemón aledañas a Santa Elena de Uairén, a saber: Manak Krü, Maurak, San Antonio de Morichal y San José de Wará. Esto permitió una observación y la realización de 18 entrevistas a profundidad a autoridades pemón, profesores pemón y profesionales no indígenas con residencia de al menos dos décadas en territorio pemón. Los informantes en dichas entrevistas a profundidad, aceptaron que su nombre y profesión o cargo como autoridad pemón fuese mencionado de manera pública en la investigación.

Es importante resaltar, que este trabajo de campo fue realizado considerando las dificultades de seguridad para investigar en una región de Venezuela donde se desarrollan actividades mineras legales e ilegales con opacidad gubernamental y gran presencia militar del Estado; así como de bandas armadas mineras que son factores que afectan negativamente la obtención de datos oficiales y la identificación de informantes.

Resultados y Hallazgos

 Los pemón y sus transformaciones en el siglo XX

El contacto permanente y estructural del conjunto de los pemón con el Estado y la sociedad venezolana, comienza con la instalación paralela en los años 30 del siglo XX de los misioneros capuchinos y la Inspectoría de Frontera en el cerro Akurimá y después cerca de la quebrada de Manak Krü, lo que hoy es Santa Elena de Uairén. Dicha instalación ocurre con la ayuda del primer minero venezolano no indígena en la zona: Lucas Fernández Peña. Esto, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, fue una respuesta estatal a la presencia militar y religiosa de Brasil e Inglaterra a través de su entonces colonia en Guyana (Morillo, 2019).

Las tres primeras décadas del contacto permanente y estructural de los pemón, fue con las misiones capuchinas y los mineros que para extraer diamantes se asentaron en ese territorio. Lo primero que promueven los misioneros capuchinos y mineros en la sociocultura de los pemón es una transformación de su patrón de asentamiento, que pasa de semisedentario a sedentario, con el origen y consolidación de localidades permanentes alrededor de las misiones o zonas mineras. Los misioneros fundan a las misiones de Santa Elena de Uairén en 1930, de Luepa en 1933 que trasladan a Kavanayén en 1942, de Kamarata en 1954 y de Wonkén en 1958 (De la Torre Arranz, 2013). Los mineros crean a Ikabarú en 1947 y Urimán en 1949, aunque ya existían minas en esas zonas desde los años 30.

En el caso de las misiones, hubo un proceso formal que implicaba la internación de hombres y mujeres pemón en escuelas diferentes y con programas educativos según su género, y al graduarse casaban a varias parejas y los misioneros le entregaban a cada nueva familia una vivienda y ganado vacuno de su propiedad (De la Torre Arranz, 2013). Pero, al igual que en los asentamientos mineros, otra atracción para asentarse y convertirse en minero manual o trabajador asalariado, fue la necesidad de insertarse en el comercio a partir de la complementación de su alimentación con la llegada de productos manufacturados. Según I. Madi[1]:

las latas de carne de buey fue las que ayudaron a asentar a la población, porque les permitió entonces ser asalariados y fue cuando comienzan a ser asalariados, son asalariados de la Guardia Nacional, son asalariados de la misión, son asalariados de los criollos de Santa Elena que requerían mano de obra.

Además, hubo otros productos manufacturados que también obligaron a los pemón a insertarse en el comercio, a través del trabajo asalariado o la minería. Así, con el asentamiento permanente y comercio, se complementa a las relaciones de parentesco como modo de asignación y control sobre el trabajo y el acceso a los bienes al interior de los pemón, con la proliferación de la venta de su fuerza de trabajo y su participación en el intercambio mercantil.

Este trabajo asalariado de los pemón sufrió por parte de los misioneros capuchinos de una división y remuneración racializada, porque estos indígenas eran excluidos de empleos calificados y les pagaban un salario menor que el recibido por los trabajadores no indígenas (Figueroa, 1980). Además, mediante su propiedad de viviendas y ganado vacuno, poco a poco se desplaza la relación con la tierra como una posesión para un usufructo provisional y se convierte en permanente, lo que fue origen de la futura mercantilización de la naturaleza; en tanto hato, atractivo turístico o mina.

En 1962, el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) funda una sede de la CVG en la Gran Sabana inicialmente para construir viviendas, se amplió la condición de asalariados de los pemón, porque dicha institución estatal al mismo tiempo creó programas educativos en los que contrató a maestros y maestras pemón. Por supuesto, una parte importante de los pemón conservaban su actividad agrícola en sus conucos, como hasta ahora ocurre con un sector de estos indígenas. Pero, también en la agricultura hubo modificaciones que promovieron cambios en la relación con la tierra de los pemón, porque en los años 70 a través del Instituto Agrario Nacional se les asignó de manera individual parcelas y créditos (Clarac, 1980). Entonces, en palabras de Rojas y Tovar (2011), “los principales cambios culturales del territorio están asociados fundamentalmente a la educación bilingüe, sincretismo de cultos, prácticas agrícolas modernas, minería, turismo, trabajo asalariado, servicios públicos y monetización de la economía” (p. 117).

Además, la aparición de algunos pemón como compradores de fuerza de trabajo de sus propios familiares, comienza con el inicio y consolidación de las actividades turísticas en la Gran Sabana a partir de la finalización de la construcción de la troncal 10 en 1973 y, sobre todo, de su asfaltado en 1990. Esto ocurre en la parte occidental del Parque Nacional Canaima, el actual sector V, Kavanayén. En la parte oriental, en el sector II (Kamarata), al principio los pemón siguieron siendo fuerza de trabajo para los campamentos turísticos que se construyeron allí desde 1974, con la concesión gubernamental a Hoturvensa de la familia Boulton.

En ese sentido, según Silva Monterrey (2006) “los pemón son un pueblo abierto a las innovaciones. Esto les ha llevado a insertarse de forma creciente en las actividades turísticas, a través de las cuales han desarrollado empresas locales” (p. 87). Desde la perspectiva de I. Madi (comunicación personal,  29 de enero de 2022), “en los 90 y la primera década de los 2000, empezaron a haber pemón que construyeron hospedajes y hoteles y llegaban los turistas, entonces con el turismo comenzó esa diferenciación social”. En este mismo orden de ideas, Angosto-Ferrández (2016) menciona que:

hay una creciente participación del pueblo pemón como proveedor directo de servicios y propietarios de negocios, entonces esta industria provee una actividad económica viable para una parte de la población local, pero es al mismo tiempo generadora de conflictos derivados de diferentes perspectivas sobre las relaciones con la naturaleza y los derechos de propiedad. (p. 117)

En términos concretos, en el sector V hubo autoridades pemón como el capitán Héctor Fernández y la capitana Emilia Castro que lograron construir importantes sitios de hospedajes en Kumarakapay y Kamoirán, como las posadas Minina y Rápidos de Kamoirán, que incluyó una estación de servicios fundada en 1995, y fue catalogada como “una de las empresas indígenas más prósperas y exitosas de la región” (De la Torre Arranz, 2013, p. 264). Según algunos, “estas autoridades pemón, contrataban a familiares como fuerza de trabajo” (Maddi, I, Comunicación personal, 29 de enero de 2022), para otros “hubo más integración de las comunidades en la actividad turística” (M. Morillo, comunicación personal, 30 de enero de 2022).

No obstante, más allá de las diferencias de interpretación, al final se constituyó una élite política y económica pemón turística, que acumuló cierto nivel de riqueza y logró que las autoridades pemón del sector V, provenientes del subgrupo arekuna, fuesen los primeros en acceder a cargos de elección popular: Emilia Castro concejala en 1989, Ricardo Delgado alcalde del municipio Gran Sabana en 2000 y Juvencio Gómez diputado estadal en 2004 (Angosto, 2010).

La resistencia pemón ante la minería en el siglo XXI

Según sus propios testimonios, desde 2008 o 2010 autoridades del pueblo pemón empiezan a resistir la presencia y control de foráneos en las zonas mineras del centro y sur de su territorio, específicamente en la Gran Sabana y localidades selváticas adyacentes, en un contexto de posibilidad caracterizado por cuatro fenómenos: el primero, los altos precios del oro que incentivaron el aumento de la presencia en territorio pemón de mineros extranjeros y nacionales, bandas mineras provenientes de las mafias de la construcción y cárceles del país, e  instituciones gubernamentales y efectivos militares que se hacen presentes en el sur del Orinoco a partir de 2006 con políticas civiles y militares del Estado, como el Plan de Reconversión Minera y el Operativo Militar Tepuy, y después en 2011 con la creación, sin consulta previa, del órgano administrativo de control del Arco Minero del Orinoco (Decreto presidencial N° 8415, publicado en la Gaceta Oficial N° 39741 de 2011); así como la promulgación de la Ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro (Decreto presidencial N° 8413, publicado en la Gaceta Oficial N° 39759 de 2011).

El segundo fenómeno, tiene que ver con la consolidación de la conciencia territorial y unidad política pemón con su constitución como pueblo después de seis décadas de lucha en defensa de su territorio, el cual tiene entre sus hitos: la reunión de tres capitanes pemón en 1948 con el entonces presidente Rómulo Gallegos para denunciar la presencia de mineros en búsqueda de diamantes en su territorio, las denuncias ante el desplazamiento forzado de comunidades pemón para construir la represa de Guri y las luchas en contra de proyectos de megaminería enmarcados en la Conquista del Sur en la década de los 60 y 70 del siglo XX, y la derrota del megaproyecto hotelero Turisur y paralización momentánea de la ampliación de la zona minera en la Reserva de Imataca; así como la construcción del tendido eléctrico a Brasil en la década de los 90 (Rodríguez y Aguilar, 2021).

El tercero, la conquista en sus luchas y reconocimiento estatal de derechos territoriales para los pueblos indígenas en Venezuela, establecidos en el capítulo VIII de la Constitución y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). Cuarto, la competencia y asimilación de la experiencia de los consejos comunales creados en el 2006, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, y que convirtieron a los territorios indígenas en instituciones paralelas a sus propias organizaciones, provocando disputas pero a su vez demostraron la importancia de gestionar recursos para desarrollar políticas públicas y obtener legitimidad popular (Sánchez, 2016).

En ese sentido, en Urimán (sector III), en palabras del antiguo capitán J. L. Galleti (comunicación personal, 24 de enero de 2022):

nuestros ancestros, antes no querían nada con la minería, era defender nuestro territorio y nuestra naturaleza, pero ¿qué pasa?, nosotros fuimos denunciando la minería ilegal a los entes competentes, a las instituciones del Estado, hicimos mucha denuncia, nunca nos hicieron caso, la minería siguió su curso.

Entonces, ante la inacción de las autoridades del Estado, en medio de su resistencia ante el control externo de su territorio, en el 2008 se plantearon:

…hasta cuando vienen brasileros, guyaneses, toda clase de persona a trabajar, a destruir la naturaleza y nosotros quedamos con los huecos, el medioambiente destruido. Entonces, bueno vamos a asumir la batuta ahora nosotros pues, que seamos nosotros mismos los que destruyamos nuestra tierra (J. L. Galleti, comunicación personal, 24 de enero de 2022).

En Ikabarú, el sector 7, esta resistencia ante el control de militares y civiles foráneos de zonas mineras ubicadas en el centro y sur del territorio pemón comienza en 2010. Ese año, según la antigua secretaria general de esa capitanía general I. Colón (comunicación personal, 27 de enero de 2022) “hubo un cambio de mentalidad de quién era el dueño porque en principio el pueblo indígena no había asumido que era el dueño, asumía yo estoy aquí prestado y el dueño es el Estado”. En otras palabras, “ya que el Estado no asume sus deberes, nosotros a través de la minería autogestionamos nuestras necesidades, salud, educación, todo lo que tenga que ver con el área social” (J. Galleti, comunicación personal, 24 de enero de 2022).

Este proceso de establecimiento de control pemón sobre zonas mineras de su territorio ha sido gradual y ondulante, ante la persistencia de disputas abiertas o tensiones con efectivos militares y miembros de bandas mineras. En términos territoriales, comienza desde capitanías generales y capitanías comunitarias, con acontecimientos donde confrontaron la extorsión de efectivos militares y hasta los retuvieron como en Musukpa en septiembre de 2011 (Global Atlas of Environmental Justice, 2021), en Campo Alegre en marzo de 2012 y en febrero de 2013 en Urimán (LaPatilla, 2013). Pero, se termina de institucionalizar el 28 de febrero de 2013 con la creación del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón (CCG), integrado en ese momento por seis de los ocho sectores de la organización territorial pemón, y con cuatro ejes programáticos: organización en el municipio Gran Sabana de las autoridades indígenas legítimas, reglamento para el trabajo minero, evaluación de vuelos no autorizados y distribución de combustible en su territorio, y definición de fechas para el diálogo con la comisión gubernamental[2]. En esa época, los sectores II, III, V, VI, VII y VIII se unificaron en el CCG y los sectores I y IV se mantuvieron en la Federación Indígena de Bolívar (FIB).

 Las autoridades del pueblo pemón ante el ingreso minero

 El control de zonas mineras ubicadas en cada comunidad pemón a través de su respectiva capitanía comunitaria, se ha cristalizado en su cobro de una renta de aproximadamente el 10% del oro extraído a los propietarios de máquinas mineras y su establecimiento de alcabalas para regular el ingreso de personal, insumos productivos, alimentos, enseres y máquinas mineras a las minas. En palabras del actual capitán general de Kavanayén, sector V, J. C. Velásquez, (comunicación personal, 24 de enero de 2022):

ahora el capitán minero cobra al que trabaja en su tierra un 10%. Esto sería a partir de 2013 porque como ya estábamos libres que el Ejército no nos cobrara, entonces ahora ese apoyo tenía que entrar directamente a la comunidad.

La creación de esta renta minera tuvo como objetivo que, al menos un porcentaje del oro extraído beneficie a las comunidades donde se encuentran las minas a partir de una transición de una posesión privada del subsuelo a una posesión pública de este que administra cada capitanía comunitaria, y expresa la ratificación de la finalización del usufructo momentáneo de la tierra por parte de los pemón antes del contacto estructural y permanente. En ese sentido, se nos explicó que:

se creó un sistema en el que, en principio, una sola persona se beneficiaba, vamos a decir el jefe de casa, ejemplo, este es mi terreno y tú metes unas máquinas allá entonces tú me pagas a mí, después empezamos a decirle a la gente, a asesorarlo y ya va, el beneficio que tú obtengas no tiene que ser para ti, tiene que ser para el colectivo, si vas a meterle luz ponle luz, motores fuera de borda, herramientas de trabajo pero que el colectivo se beneficie y así fue que comenzamos a obligar a los dueños de máquina (I. Colón, comunicación personal, 27 de enero de 2022).

Esta renta minera es pagada en oro y, en términos generales, se usa para el financiamiento de obras, servicios sociales y transporte fluvial requerido por cada comunidad pemón donde hay minas. Según A. Páez (comunicación personal, 25 de enero de 2022)[3], “en las comunidades que están ejerciendo la actividad minera la mayoría tiene un beneficio a partir de eso, en este caso con los productores, de construir una escuela, construir un ambulatorio, asignación de vehículo, de transporte fluvial”. En el caso específico de Ikabarú, la renta minera es del 15% que cobran igual las capitanías comunitarias en las que existen minas pero deberían pagar de ese porcentaje un 5% a la capitanía general de ese sector, que es el VII. No obstante, ese 15% o 10% es lo normado en términos formales pero en la realidad existe mucha evasión y los propietarios de máquinas mineras pagan menos de ese porcentaje o se niegan a pagar. En realidad, “eso tampoco es estricto porque a veces no les da la gana de pagar y no lo pagan, o sea hay sus rebeldes en las mismas comunidades” (I. Colón, comunicación personal, 27 de enero de 2022).

La presente recaudación local en cada comunidad, se complementa desde el 2020 con la creación del llamado Fondo para el Desarrollo del Pueblo Pemón, el cual gestionan las capitanías generales desde el CCG, y se financia a través del cobro a la CVM de tasas en oro por el uso del aeropuerto de Santa Elena de Uairén. La constitución del mencionado Fondo para el Desarrollo del Pueblo Pemón provocó que la capitanía general de Kamarata, sector II, se retire del CCG, al implicar su aceptación de las actividades mineras del Estado venezolano en territorio pemón a través de la presencia de la CVM, que estaría encargada de suministrar insumos productivos y comprar el oro extraído (Vázquez Heredia y Rodríguez Gilly, 2021). Sin embargo, en realidad, generalmente los propietarios de máquinas mineras prefieren comprar los insumos en Brasil por el alto costo de los vendidos en la CVM y vender el oro a comerciantes privados ante la baja cotización que estipula el gobierno nacional (J. Galleti, comunicación personal, 24 de enero de 2022).

No obstante, la CVM recoge parte del oro extraído con la venta de gasolina subsidiada a los propietarios de máquinas mineras. Por eso, el Fondo para el Desarrollo del Pueblo Pemón se financia con uno y medio gramo de oro que pagan respectivamente los propietarios de máquinas mineras y la CVM. En palabras de J. C. Velásquez (comunicación personal, 24 de enero de 2022), “eso es un acuerdo que tenemos nosotros con nuestros mineros: mira son 7,5 gramos el precio de cada tambor de gasolina, pero tú vas a pagar 8,5 gramos, porque tú con ese gramo estás aportando al fondo de desarrollo pemón”, a su vez “ahora, la CVM si está aportando con medio gramo por cada tambor, pero bueno ahorita están empezando”. A partir de esa recaudación, al principio de 2022, se distribuyeron 360 gramos de oro en cada uno de los cinco sectores miembros del CCG en este momento.

Pero, más allá de esa recaudación de las actuales instituciones políticas del pueblo pemón, algunas de sus autoridades (capitanes generales, capitanes comunitarios y secretarios generales de cada capitanía general), también tienen ingresos personales como propietarios de máquinas o mediante actos de corrupción. En algunos casos, los capitanes generales y capitanes comunitarios de sectores y comunidades, donde existen tradicionalmente operaciones extractivistas de minería, son directamente o están asociados con propietarios no indígenas de máquinas mineras, y tienen ingresos en oro a partir de lo que extraen los mineros indígenas o no indígenas contratados en las minas que controlan. Por ejemplo, J. L. Galleti en nuestra entrevista aseguró que es propietario de máquinas mineras, y que obtiene una ganancia del 20% del oro extraído. Según su experiencia:

…del 100% el 10% en bruto es para la comunidad, del cual el 35% es para el obrero en bruto y el otro 5% es para el caporal que es el encargado y ahí estamos hablando de un 50%. El 50% le queda al dueño del equipo del cual saca prácticamente el 30% para los gastos operativos del equipo y le queda un 20% (J. L. Galleti, comunicación personal, 24 de enero de 2022).

También es una fuente de ingreso de algunos capitanes pemón, la corrupción en la gestión de los recursos de las capitanías y en el cobro irregular por los permisos para permitir el ingreso a las zonas mineras de personal, insumos, alimentos, enseres y máquinas; porque:

…cuando los indígenas están en ciertos cargos de autoridad puede haber posibilidad de corrupción, porque son seres humanos, no están librados. Esto como una reflexión personal, para no estar idealizando y desmitificar (M. Vitti, comunicación personal, 13 de noviembre de 2021)[4].

Este tipo de actos de corrupción son reconocidos y cuestionados por autoridades pemón. J. C. Velásquez (comunicación personal, 24 de enero de 2022) nos comentó “que había un capitán comunal en el sector III que salió y que con seis kilos de oro a comprar un avión y nunca apareció, se quedó por aquí viviendo en Santa Elena”. A su vez, la actual capitana de la comunidad de Maurak, L. Henrito  (comunicación personal, 27 de enero de 2022) señaló que:

…hay tanta corrupción que yo les dije la última vez no me llamen para problemas que ustedes mismos crearon, porque si está prohibido que pasen las personas no indígenas y tú las dejaste que pasaran, bueno ahora resuelva su peo.

No obstante, la mayor parte de los ingresos de las capitanías generales y capitanías comunitarias provenientes de la minería aurífera o no, son destinados a un conjunto de políticas públicas que responden directamente al actual contexto de deterioro de las condiciones salariales de la clase trabajadora y de prestación de servicios públicos en Venezuela. Además, también los recursos se dirigen al pago de personal administrativo de las instituciones políticas pemón y de seguridad de las guardias territoriales; así como a la construcción y mantenimiento físico de la sede del CCG.

En ese sentido, L. Henrito (comunicación personal, 27 de enero de 2022) informó:

estoy invirtiendo en mi propio sector, el sector necesita luz, por ejemplo, allá atrás necesitan luz, no tienen transformador, tienen que comprar cables y todo eso, de este lado también van a comprar el techo para la escuela, para el preescolar.

Por su parte, J. C. Velásquez (comunicación personal, 24 de enero de 2022) indicó: “mencioné lo del hospital. El Estado no cubre ni una jeringa del indígena, lo cubre el consejo de caciques, sus capitanes comunales o capitanes Generales, el 80% lo resolvemos nosotros”. Asimismo, A. Páez (comunicación personal, 25 de enero de 2022) refirió que:

los mismos capitanes, ellos pagaban la cerámica, la silla, los escritorios, toda esa parte, a su vez que la actividad minera, adicional a eso se paga el personal docente las mismas comunidades que trabajan y a los médicos. Todo eso como una autogestión de recursos propios de la minería.

Economía minera y transformación de la élite pemón

La actividad minera existe en la Gran Sabana y selvas aleñadas desde hace al menos un siglo, con la presencia de mineros no indígenas dedicados a la extracción de diamantes. La fundación de Santa Elena de Uairén, es realizada por Lucas Fernández Peña, que incursiona en ese lugar como minero en 1921 (Morillo, 2019). Entonces, desde los 40, había indígenas pemón en actividades mineras de diamantes; pero como fuerza de trabajo de mineros no indígenas. Para el miembro del consejo de ancianos del sector VI, I. Salamán (comunicación personal, 25 de enero de 2022) “como indígenas hemos aprendido, nos enseñaron, por medio de los extranjeros, los que vinieron a trabajar aquí, como mineros, entonces ahí nosotros aprendimos.”

Esta influencia de los mineros en los pemón fue tan grande que algunos adoptaron sus apellidos (Thomas, 2008). Pero, también los pemón denunciaban su exclusión de los beneficios de la minería desde los 70, porque “muchos expresan con disgusto que ellos son los menos beneficiados con la minería, y que siempre son marginados” (Thomas 2008, p. 675).

Según A. Azuaje (comunicación personal, 28 de enero de 2022)[5]:

En 1981, con la mina de Chirikayen por primera vez la minería aurífera asume la centralidad en las actividades mineras en el territorio pemón y vuelve a decaer en los 90 por los bajos precios del oro y el desarrollo de la actividad turística.

Sin embargo, a partir de 2005 la minería aurífera empieza a recobrar su importancia en territorio pemón, a la par de una nueva tendencia al alza del precio del oro que termina en 2012 y comienza otra vez en 2016 hasta llegar a máximos históricos en los años de la pandemia. Aunado a lo anterior, la profunda crisis de la economía venezolana que comenzó en 2014 por factores internos y terminó en 2021, provocó que la minería aurífera se constituyera en una actividad central en la economía en el territorio pemón, junto al comercio legal e ilegal transfronterizo, y desplazando al turismo. Entre las expresiones de esa transición económica se encuentra, por ejemplo, la calle Urdaneta de Santa Elena de Uairén, mayor centro poblado de la Gran Sabana, donde se concentraban las posadas, cafés y operadoras turísticas, pero a partir de 2017 esos establecimientos fueron convertidos en comercios de venta de víveres, en los que compran los alimentos y enseres que llevan a las minas (M. Morillo, comunicación personal, 30 de enero de 2022).

Este nuevo auge de la minería aurífera, se enmarca en el carácter ilegal de la actividad minera porque la mayoría del territorio pemón es parte de áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima, pero además implica cambios con la proliferación de minería de mediana escala con mecanización, y su nueva condición de permanente y masiva. Antes, los pemón solo participaban en actividades mineras de manera ocasional para obtener una cantidad de gramos de oro que le permitiera acceder al mercado y comprar bienes manufacturados que necesitaban en ocasiones puntuales como el inicio del año escolar. Para los pemón era una actividad aprendida de mineros no indígenas, pero inserta en su lógica de trabajo dirigido solo al aprovisionamiento material.

En cambio, ahora hay indígenas pemón que son propietarios de máquinas mineras de modo directo o en asociación con no indígenas, y desarrollan permanentemente actividades mineras para buscar ganancias, por lo que una importante parte de la población pemón se dedica a esta actividad. Esto ocurre por la depauperación de los salarios en el sector privado y las instituciones estatales, producto de la crisis económica que empezó en 2014 y fue agravada con las sanciones económicas de EEUU en 2017 y 2019. Según la profesora pemón A. Páez (comunicación personal, 28 de enero de 2022), “se agravó la situación económica y política, y casi todos se han dedicado a la mina: maestros, empleados públicos, que han abandonado su trabajo.”

La masividad y carácter permanente de la economía minera en la Gran Sabana y selvas aledañas, y que capitanes generales y comunitarios controlen las zonas donde se ubican las minas auríferas, ha permitido que surja una élite política y económica pemón minera que consolidó la desigualdad de clase en este pueblo indígena, en tanto posición en las relaciones sociales de producción y nivel de consumo. Para L. Henrito (comunicación personal, 27 de enero de 2022):

…y hay división, yo atiendo a las personas que tienen el oro y los que no tienen bueno un cero a la izquierda, la división de clases, vamos a llamarlo así, el que es minero y tiene plata y el que no es minero y no tiene.

Esto tendría su origen en lo que se podría calificar como tráfico de influencias de algunas autoridades pemón, que aprueban los permisos para acceder a las zonas mineras. Entonces, existe bastante posibilidad de que algunas autoridades pemón privilegien la aprobación del ingreso de las máquinas mineras propias y de sus socios económicos, por lo que el inicio o la continuidad de la acumulación de recursos provenientes de la minería ha dependido de su condición de capitán general o comunitario, entonces habría una clara imbricación de la élite política y económica pemón minera.

Un ejemplo contrario, pero que describe esta situación, lo expresó la capitana de la comunidad de Manak Krü, D. Sánchez (comunicación personal, 29 de enero de 2022) cuando dijo:

para ellos fuera rentable si metieran máquinas porque el oro está muy profundo, pero imagínate si les dejo meter las máquinas me destruyen la comunidad, por su prohibición entonces ofrecen cosas, vamos a hacer esto o lo otro, pero no lo he aceptado.

Asimismo, A. Azuaje (comunicación personal, 28 de enero de 2022) expresó:

yo para meter una máquina tengo que asociarme contigo pemón, empieza a crearse la figura del testaferro y esa figura del testaferro es la que permite crear una élite dentro de las comunidades indígenas, que es la élite del oro.”

En el caso contrario, pero también con una asociación dependiente, J. L. Galleti (comunicación personal, 24 de enero de 2022) explicó que “el error de nosotros fue decir somos dueños de equipos mineros, somos importantes, pero no. Seguimos siendo esclavos, esclavos del comerciante, de las empresas aéreas, porque hay que pagarle a ellos.”

Las autoridades pemón que están involucrados directamente en la minería aurífera disponen de ganancias provenientes del oro extraído en las minas que controlan como dueños de medios de producción y consumen fuerza de trabajo que contratan de indígenas pemón o no indígenas que, en el segundo caso, son preciados por su experticia como mineros y rompe con las anteriores relaciones laborales salariales pero condicionadas mediante el parentesco. Además, esa desigualdad de clase, la hemos observado en su alta capacidad de consumo que le permiten sus ingresos en gramos de oro, con la compra de camionetas y casas nuevas.

Entonces, ha habido un cambio en la percepción y apreciación social de los involucrados en la actividad minera, al convertirse en un medio de ascenso en la estratificación de clase en relaciones sociales capitalistas como las que desarrollan en la actualidad los pemón. En palabras de la investigadora M. Morillo (cmunicación personal,  30 de enero de 2022), “antes hacer minería era estigmatizante, era visto al minero como un criminal, ahora es diferente”. Como antes el buen cazador, en este momento el minero se convierte en una opción matrimonial estimada para muchas familias pemón y no pemón en la Gran Sabana.

No obstante, desde la década de los 90 del siglo XX, había una élite política y económica turística pemón asentada en Kavanayén, el sector V. En esta última década, lo que ocurre es su desplazamiento progresivo por una nueva élite política y económica minera pemón, asentada en los sectores III, VI y VII. Para I. Maddi (comunicación personal, 29 de enero de 2022) “a partir del año 2010 la élite minera pemón suplantó a la turística como élite económica, porque a medida que se fue deteriorando el país y la inseguridad hizo que el turismo fuera mermando.”

Esta afirmación se ratifica con el cambio del origen sectorial de los dirigentes pemón en cargos de elección popular del Estado y de liderazgo al interior del CCG. Como ya mencionamos, entre 1989 a 2004, fueron electos dirigentes pemón arekuna: Emilia Castro como concejala del Municipio Gran Sabana en 1989, Ricardo Delgado fue el primer alcalde pemón del Municipio Gran Sabana en el 2000, y Juvencio Gómez fue el electo diputado al concejo legislativo del Estado Bolívar en 2004. Asimismo, en 2017 fue electo como segundo alcalde pemón del Municipio Gran Sabana, Emilio González, un capitán comunitario de una comunidad minera como Parkupik, que pertenece al sector Ikabarú. Es importante destacar, que al interior del CCG tienen un importante liderazgo en la actualidad Néstor Ramírez, Ángel Páez y Juan Gabriel González, capitanes generales de los sectores III, VI y VII, que son mayoritariamente mineros.

Dicha continuidad y cambio en el pueblo pemón con el turismo y minería, que se expresa en la existencia y modificaciones en su élite, se evidencia en que desde hace 16 años ya planteaban que:

..otro de los desafíos que enfrentan los pemón hoy día, tiene que ver con el progresivo alejamiento de sus patrones habituales de subsistencia, la creciente fragmentación y verticalidad social del grupo y el aumento de la dependencia económica de éstos a agentes externos (Scaramelli, 2008, p. 691).

Silva Monterrey (2006) señalaba también que:

la existencia de importantes yacimientos de mineral de oro, en tierras pemón, ha generado graves conflictos y divisiones al interior de esa sociedad. El primer problema fue la invasión por mineros criollos y grandes empresas transnacionales de tierras, su contaminación y deterioro debido al uso de mercurio para amalgamar el oro, que contamina los ríos y caños de los cuales los Pemón dependen; y en segundo lugar, la adopción de esta actividad por los mismos pemón quienes ponen en peligro así su propia cultura y vida. (p. 87-88)

Conflicto socioambiental y autoridades pemón

En la investigación, se observó que la conflictividad socioambiental también tiene una expresión concreta entre las autoridades pemón, porque “hay una división también entonces entre capitanes que permiten minería y la practican y otros que no la permiten” (L. Henrito, comunicación personal, 27 de enero de 2022). Hasta ahora, solo capitanes y capitanas comunitarias rechazan las actividades mineras al nivel de sus respectivas comunidades pemón, cada una bajo la influencia del liderazgo de su autoridad y en asamblea deciden prohibir la extracción mecanizada o manual de oro en su territorio.

Por ejemplo, las capitanas Darcy Sánchez y Lisa Henrito que fueron electas en 2017 y 2021 decidieron en asambleas establecer restricciones prohibitivas y cerrar las minas en sus comunidades Manak Krü y Maurak. No obstante, el cumplimiento de esas decisiones debe ser siempre vigilado porque los mineros igual entran a las antiguas minas o evitan cumplir con la reposición de la tierra extraída y el alejamiento de las fuentes hídricas[6].

Por otra parte, los capitanes comunitarios Cherry Rodríguez de San Rafael de Kamoirán y Gabriel Fernández de Kumarakapay también rechazan la minería, al parecer porque sus comunidades están ubicadas en el sector V, una zona de la Gran Sabana donde se desarrollan actividades turísticas por la presencia de saltos de agua y los tepuy Roraima y Kukenán, resaltando el hecho que desde la apertura de la frontera con Brasil, existe una relativa recuperación del flujo de visitantes brasileños. Sin embargo, hay indígenas pemón de este sector que han abierto un debate para promover la apertura de las actividades mineras pero con el argumento de obtener solo recursos comunitarios.

El rechazo de estas autoridades pemón a la minería tiene varias dificultades para convertirse en una posición dominante:

1. La autonomía de cada capitanía comunitaria, por lo que la prohibición o restricción a las actividades mineras se limita a su comunidad. Inmiscuirse en los asuntos de otras capitanías comunitarias, traería como consecuencia el ser denunciados.
2. Parte de sus ingresos provienen del Fondo de Desarrollo del Pueblo Pemón que se financia con minería. Sin embargo, en el caso de Maurak los ingresos provienen del cobro en oro a las aerolíneas y a la CVM por sus actividades en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén. Se destaca el hecho de que también han buscado otras fuentes de financiamiento como en Manak Krü que cobran por las parcelas del cementerio y a los comerciantes y residentes para financiar la seguridad pemón.
3. Los altos precios del oro convierten a la minería en una actividad atractiva y rentable, y más en un contexto nacional con depauperación de los salarios y escasez de gasolina que dificulta la venta con rentabilidad de las cosechas de los pemón. Así, las prohibiciones antimineras de estas autoridades son violadas por mineros indígenas y no indígenas.
4. La ausencia de una recuperación integral de la actividad turística y agrícola en la Gran Sabana que estimule la creación de fuentes de empleo e ingresos alternativos significativos.
5. La asignación gubernamental de gasolina subsidiada a los propietarios de máquinas mineras a través de la CVM, antes de venderle gasolina al pemón para trasladar sus cosechas.

Por último, un factor estructural que dificulta la resistencia de algunas autoridades indígenas contra la minería en sus territorios, es que “los pemón, al igual que muchos otros pueblos indígenas del mundo, están experimentando cada vez una mayor desconexión con la naturaleza y el entorno local debido al rápido proceso de cambio cultural” (Rodríguez y Aguilar, 2021, p. 92).

Aproximaciones

 Se identificó que entre 2008 y 2010, dependiendo de cada sector de la organización territorial pemón, diferentes comunidades indígenas decidieron resistir la presencia estatal y paraestatal a través del control directo de las zonas mineras ubicadas en el centro y sur de su territorio. Se concluye que esto ocurrió por cuatro causas: 1) Los altos precios del oro; 2) La consolidación de la conciencia territorial y unidad política pemón; 3) La conquista de derechos territoriales en la Constitución y en la LOPCI; y 4) La competencia y asimilación de la experiencia de los consejos comunales.

Asimismo, se encontró que el control de las zonas mineras por parte de los pemón, ha generado que sus autoridades tengan la posibilidad de acceder a los recursos de esta actividad a través de tres vías: 1) Institucional, con el cobro por parte de las capitanías comunitarias del 10% de la renta del oro extraído de minas ubicadas en su comunidad, y el cobro por el CCG de tasas a la CVM y a los mineros por el uso del aeropuerto de Santa Elena de Uairén y el ingreso de cada galón de gasolina destinado a la minería aurífera; 2) Personal, con la propiedad de máquinas mineras y contratación de mineros; y 3) Corrupción, con la apropiación irregular de oro pagado a las capitanías generales o comunitarias por renta y tasas, y el cobro de comisiones por la entrega de permisos para ingresar personal, bienes e insumos a las zonas mineras. Por supuesto, no todas las autoridades pemón son propietarios de máquinas mineras ni están involucrados en casos de corrupción.

En ese sentido, en la investigación se precisó que existen dos destinos generales para los recursos derivados de la minería aurífera a los que acceden institucionalmente las diferentes autoridades pemón. Por un lado, políticas públicas como la inversión en centros de salud y escuelas, infraestructura y equipos para la garantía de servicios públicos como la energía eléctrica, pago de personal educativo y sanitario, actividades deportivas, brigadas de emergencia, traslado aéreo de pacientes, gastos administrativos y de seguridad que incluyen el pago a funcionarios y empleados. En el otro lado, la corrupción administrativa.

La identificación de los tipos de acceso y destino de los ingresos que tienen las autoridades pemón por la minería aurífera en el centro y sur de su territorio, permitió concluir que se ha consolidado la desigualdad de clase en el pueblo pemón. Esto, porque sus autoridades son propietarios de máquinas mineras, individualmente o en asociación con no indígenas, y contratan a mineros indígenas o no indígenas como fuerza de trabajo para la extracción de oro en las minas que controlan. Además, algunas autoridades pemón  tienen un acceso corrupto a los ingresos mineros, mediante el cobro de comisiones para el ingreso de personal e insumos en zonas mineras bajo su control, también pueden negociar con no indígenas militares y civiles la asociación económica en la minería. Entonces, esa desigualdad de clase por posición estructural o grado de ingreso, se evidencia en la estratificación del consumo y en la adquisición de bienes imposibles de pagar para la mayoría de los pemón, como camionetas y casas nuevas.

Es importante resaltar, que la desigualdad de clase en el pueblo pemón es previa al control de zonas mineras por parte de sus autoridades, y lo que ha ocurrido es una transición de la antigua élite vinculada al turismo en el sector V a la nueva élite minera asentada en los sectores III, VI y VII donde se encuentran las principales minas auríferas. Esto ha ocurrido como consecuencia del deterioro de la actividad turística y el incremento de la minería, lo cual se evidencia en el cambio del origen de los dirigentes pemón en cargos de elección popular y en el liderazgo del CCG en el que tienen preeminencia los capitanes generales taurepán del sector VI y VII.

Un ejemplo palpable de lo mencionado anteriormente, es la elección de dirigentes pemón arekuna del sector V entre 1989 y 2004 como la concejala Emilia Castro, el alcalde Ricardo Delgado y el diputado estadal Juvencio Gómez; mientras que en el 2017 fue electo como alcalde Emilio González del sector VII, un pemón taurepán.

Otro hallazgo de esta investigación, es el conflicto socioambiental existente en el interior del pueblo pemón, el cual se evidencia en la participación de algunas de sus autoridades en actividades mineras hasta como propietarios de máquinas, mientras que otros rechazan la minería aurífera en sus comunidades. Tales son los casos de las capitanas Darcy Sánchez de Manak Krü y Lisa Henrito de Maurak; así como los capitanes Cherry Rodríguez de Kamoirán y Gabriel Fernández de Kumarakapay, que han prohibido la minería en sus comunidades o establecido regulaciones para desalentarla. Sin embargo, estas medidas contrastan con el hecho de que sus capitanías comunitarias reciben financiamiento minero proveniente de la distribución de los recursos del Fondo para el Desarrollo del Pueblo Pemón o del cobro de tasas por el uso del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, aunque de modo parcial.

Estas comunidades dependen, en parte, de estos ingresos mineros para financiar sus políticas públicas y gastos administrativos y de seguridad. No obstante, intentan ampliar sus ingresos fiscales a través de otro tipo de rentas urbanas y promoción de la actividad turística. Entonces, el carácter antagónico de su rechazo a la actividad minera se ve constreñido por la autonomía de cada capitanía comunitaria para tomar sus decisiones, por cierta dependencia fiscal hacia los ingresos mineros, el desfinanciamiento estatal de salarios y servicios públicos y la ausencia de una recuperación completa de la actividad turística y agrícola.

[1] Investigador con 40 años de residencia en territorio pemón.

[2]Acta constitutiva del CCG que conserva en su archivo Lisa Henrito, actual capitana de la comunidad de Maurak.

[3]Ángel Páez en ese momento era secretario general del sector VI, pero desde el año 2023 es el capitán general de dicho sector.

[4] Minerva Vitti es periodista e investigadora comprometida con los pueblos indígenas.

[5] Atilano Azuaje es un agrónomo residente no indígena de Santa Elena desde hace 20 años, pero con 40 años de trabajo en territorio pemón.

[6] En el trabajo de campo, observé a mineros haciendo minería manual en la mina que cerró la capitana Lisa Henrito en Maurak.